Las razones por las que buscaban al exrector de la Universid

22.03.2015 a las 19:44 hs 0 363 0

Las razones por las que buscaban al ex-rector de la Universidad de Pamplona

Álvaro González Joves, el otrora todopoderoso rector de la Universidad de Pamplona y quien llevó las riendas de ese centro educativo por 9 años, fue capturado en los últimos días en Barcelona (España), ciudad en la que se había residenciado desde hacía año y medio, según las autoridades del país ibérico.

Sobre González, indicó la Policía Nacional Española, pesaba una orden de captura internacional, por ser el presunto autor de un delito de malversación de fondos públicos en cuantía de 144 mil dólares (300 millones de pesos).

El arresto del exrector de la Unipamplona, llevado a cabo por los agentes del Grupo 2º de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, se llevó a cabo la semana pasada en una calle de esa ciudad, tras una exhaustiva investigación que se había complicado por las medidas de autoprotección que había tomado el hoy capturado.

Capitán retirado del Ejército, González sabía que se hallaba requerido por las autoridades colombianas, razón por la cual se movía con suma cautela en España, al punto de cambiar constantemente de residencia y ofrecer información errada a las autoridades sobre su ubicación.

A principios de este año, la Policía española había recibido, a través de Interpol, la orden de captura internacional con fines de extradición solicitada por Colombia.

Después de varios años de estarle siguiendo la pista a González, las autoridades colombianas lograron establecer que se había residenciado en Barcelona después de haber vivido, entre otros lugares, en Miami (Estados Unidos).

Una vez detenido, el exrector fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional de España (equivalente en Colombia a la Corte Suprema de Justicia), que ordenó su envío a prisión, a la espera de su extradición hacia Colombia.

Los enredos de González

Uno de los mayores problemas, si no el más grande de todos, que tiene el exrector, es por cuenta del convenio interadministrativo de cooperación número 00456, suscrito entre el departamento de Casanare, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, y la Universidad de Pamplona, por un total de 34 mil 989 millones de pesos.

Ese convenio, firmado entre las partes el 27 de diciembre de 2006, y que obligaba a la Unipamplona a desembolsar más de 5 mil 600 millones de pesos, buscaba la construcción de 100 aulas de informática multipropósito en las instalaciones educativas oficiales de Casanare e implementar y dotar 250 aulas virtuales, también en las instituciones de este departamento.

El plazo de ejecución para ese convenio era de un año a partir del 27 de diciembre de 2006 y, la vigencia del mismo, abarcaba el tiempo de la ejecución y un mes más.

En el convenio, las partes establecieron que el departamento de Casanare se comprometía a entregar 27 mil 769 millones 803.614 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 6 mil millones se irían para la construcción de las 100 aulas de informática multipropósito en las instituciones educativas oficiales, y 21 mil 769 millones 803.614 pesos servirían para dotar las 250 aulas virtuales de distintas instituciones educativas casanareñas.

Sin embargo, una vez la Unipamplona recibió el dinero por parte de la gobernación de Casanare, el exrector González empezó a hacer una serie de movimientos que hoy, según la Contraloría departamental, lo tienen comprometido en un detrimento patrimonial superior a los 7 mil 300 millones de pesos, que nadie sabe a dónde fueron a parar.

La primera acción equivocada de González Joves fue haber mezclado el dinero desembolsado desde Casanare con los recursos propios que la Universidad tenía en ese momento y que correspondían a los cobros realizados por concepto de matrículas y transferencias hechas por el Gobierno Nacional, entre otros rubros.

Esa mezcla de capitales le permitía al hoy detenido disponer de un flujo de caja muy grande y presentar, al término de cada año, registros contables en los que se dimensionaban sendos superávits a favor de la Universidad.

Sin embargo, la realidad era otra, pues según una interventoría contratada en su momento por Casanare, una vez fue destituido el entonces gobernador Whitman Herney Porras, con quien González había firmado el convenio, de los 34 mil 989 millones de pesos era poco lo que quedaba, cuando las alarmas se encendieron.

Esta interventoría mostró en su momento, que el rubro en el que más dinero se perdió, fue el que estaba destinado a la implementación de las 250 aulas de informática.

De un total de 16 mil 376 millones de pesos presupuestados para la compra de, entre otros elementos, 5 mil computadores, 250 antenas satelitales, 5 mil mesas y 5 mil sillas para los equipos, 500 aires acondicionados y, finalmente, 500 tableros acrílicos, el total del monto ejecutado fue de 10 mil 581 millones de pesos.

De esta manera, sólo en este componente, el hueco que se abrió fue de más de 5 mil 858 millones de pesos.

Además, los precios presentados en el convenio para los computadores (4 mil 750) y los servidores (250), a un valor de 2 millones 130 mil 275 y 2 millones 738 mil 925 pesos, respectivamente, generaron pérdidas cercanas a los mil 521 millonesde pesos , no solo porque se compraron a un precio muy superior a su valor comercial real en 2006, sino porque finalmente solo se terminaron adquiriendo 4 mil 36, es decir, 964 menos de los que se habían presupuestado y para los que se habían girado los dineros.

Las sanciones del exrector

En una consulta hecha por este medio a través de las páginas en internet de la Contraloría y la Procuraduría, para conocer el estado actual del exrector frente a esos organismos de control fiscal y disciplinario, se halló que, en el caso de la Contraloría, González se encuentra reportado en un proceso en el que la entidad afectada es la Gobernación de Casanare y en el que la cuantía por la cual se le halló fiscalmente responsable asciende a 473 millones de pesos.

En la Procuraduría, el exrector aparece con una inhabilidad de 5 años para ocupar cargos públicos y una inhabilidad por el mismo espacio de tiempo para contratar con el Estado. Ambas inhabilidades quedaron en firme el 16 de diciembre de 2013 y se extienden hasta el 15 de diciembre de 2018.

Curiosamente, al consultar los antecedentes judiciales del ahora detenido, en la página de la Policía Nacional, la búsqueda arrojó que, hasta el día de ayer, Álvaro González Joves no era requerido por autoridad judicial alguna en Colombia.

Cita:
http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=456035&Itemid=33#.VQ9R3o7WBh9

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